por José Alejandro Arévalo Alburez
elPeriódico (Guatemala, 14 ago 12)
Desde hace tres años, quizás porque no se ha comprendido su trascendencia o por los interminables vericuetos y retardos parlamentarios, y a pesar de encontrarse a punto de aprobación en tercer debate por artículos y redacción final, el Congreso de la República sigue postergando, ojalá más por desconocimiento que por preservar intereses espurios, las reformas a la Ley Orgánica del Banco de Guatemala y a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, contenidas en la Iniciativa 4073.
Esta Iniciativa, después de amplia deliberación técnica, contó con el dictamen favorable de la Comisión de Economía y superó, sin objeción, los primeros dos debates que exige el proceso de formalización legislativa.
Aunque nuestro país posee una banca moderna, sana y patrimonialmente sólida, que logró superar con éxito la crisis financiera y económica del 2008 y 2009, las lecciones aprendidas de esas mismas experiencias aconsejan la necesidad de adecuar la regulación bancaria nacional, tomando en cuenta las mejores prácticas prudenciales a nivel internacional.
Las autoridades de Junta Monetaria, Banco de Guatemala, Superintendencia de Bancos, Asociación Bancaria de Guatemala y expertos asesores, han coincidido en la urgente necesidad de modificar la legislación nacional conforme a la precitada Iniciativa de Ley 4073. Pero siempre algún filibustero o francotirador, por encargo, podría entorpecer su aprobación.
La ventaja, ahora, es que por el nivel de publicidad y transparencia con que se manejan los asuntos en el pleno del Congreso, no pasará desapercibido el nombre de quienes logren bloquear, a última hora, este avance en materia de regulación y supervisión bancaria. Obviamente, si llega a darse en el futuro un problema con alguna institución, que esperamos no suceda, rápidamente se hará público y se recordará a quienes teniendo en sus manos proteger el ahorro nacional, bloquearon estas reformas, atendiendo oscuros intereses particulares y no el bien común.
Adaptar las inversiones y contingencias bancarias conforme a las mejores prácticas y estándares recomendados por el Comité de Basilea, ampliar las posibilidades del crédito de última instancia de la banca central y fortalecer el Fondo de Protección al Ahorro (FOPA) en prevención de eventuales situaciones de resoluciones bancarias, que pudieran poner en riesgo el ahorro de los depositantes (12 millones de cuentas), son parte de estas necesarias reformas.
No obstante la sanidad que hoy muestra la banca guatemalteca, ahora es cuando debe actuarse para prevenir. Luego, la historia juzgará.
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